Los titulares de las participaciones preferentes , «independientemente de si fueron víctimas de una comercialización o no fraudulenta», sufrirán una pérdida de, al menos, el 80 % de la inversión inicial, según ha señalado el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Fernando Restoy. De acuerdo con su declaración ante la subcomisión de seguimiento del Fondo en el Congreso, ni el decreto ley de Reforma Financiera aprobado en agosto ni el Memorandum de Entendimiento (MoU) firmado para el rescate bancario, «permiten absolutamente ningún tipo de discriminación entre instrumentos en manos de inversores minoristas e instrumentos en manos de inversores mayoristas».
Por ello, los titulares de productos híbridos -deuda subordinada o preferentes- podrán canjear sus títulos a precios de mercado -como ya se anunció en su día- más un 10 %, lo que supondrá una pérdida del 80 % del dinero. «Este es el concepto -dijo Restoy-, nos guste o no nos guste». Dar un «trato especial» a estas personas, según dijo, es un tema que tendría que hacerse «al margen completamente» de las reformas financieras y reestructuraciones.
En estos momentos se estima que de los 22.500 millones de euros de títulos en circulación de las cajas intervenidas a mediados de 2011, se ha pasado a unos 8.500 millones tras los últimos canjes masivos por acciones -en el caso de Bancaja- o de otro tipo de compensaciones. La mayoría de las preferentes que quedan en el mercado corresponden a Caja Madrid (ahora Bankia), que tiene alrededor de 3.000 millones de euros; más de 900 son de Novagalicia y otros 500, aproximadamente, de Catalunya Banc.
Sin embargo, el importe de este tipo de productos ha llegado a alcanzar los 64.000 millones de euros, según el grupo Economistas frente a la crisis, que citan cifras del Banco de España. Unos productos que en la mayoría de los casos terminaron en manos de minoristas o pequeños ahorradores que no conocían realmente los riesgos de lo que estaban contratando. En concreto, la asociación Adicae, que en noviembre del año pasado denunció ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a 52 entidades, considera que se llegaron a colocar a cerca de 700.000 familias españolas.
La CNMV, ante las reclamaciones presentadas, ya ha abierto diecisiete expedientes a otras tantas entidades financieras, de los que se prevé que terminen en sanciones cerca del 60 %. Restoy asegura que desde el FROB se colabora con las instancias judiciales en la «depuración de posibles responsabilidades». Cuando se aprecian indicios de operaciones dudosas, se encargan «informes forenses para evaluar esos indicios de delito y se trasladan inmediatamente a la Fiscalía o el juzgado», señala Restoy.
Levante-EMV/E.P.