La última reunión de los órganos de gobierno de Bancaja, celebrada ayer a cinco días de su disolución el martes próximo, no fue un mero trámite de despedida como se presumía. Las participaciones preferentes y la última auditoría dieron pie al debate en la reunión conjunta del consejo de administración y la comisión de control. Durante el encuentro, al que también asistió el ya prejubilado exsecretario general, Vicente Palacios, la dirección dio lectura de una carta remitida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) relacionada con la investigación que está realizando sobre las emisiones de participaciones preferentes, que tanto escándalo han provocado entre los ciudadanos por quedar muchos de ellos atrapados „y con voluminosas pérdidas„ en un producto financiero perpetuo que en muchas ocasiones se comercializó como si fuera un plazo fijo entre clientes que no tenían la suficiente información financiera. El caso afecta a Bankia, a la que Bancaja transfirió todo su negocio financiero, pero la CNMV ha enviado esa misiva a la caja para ponerla en conocimiento de las actuaciones que le afectan. Y es que el organismo regulador ha observado que más del 80 % de las colocaciones de preferentes que realizó Bancaja en 1999 y 2000 «podían adolecer de vicio en su comercialización». El número de afectados rondaría los 3.000, mientras que las reclamaciones potenciales de clientes ascenderían a 44 millones.

El exdirector general y actual director financiero, Aurelio Izquierdo, explicó a los consejeros que Bancaja transmitirá a la CNMV que las emisiones son de hace ya muchos años y que entonces no estaba en vigor una directriz de octubre de 2010 de la propia comisión en la que consideraba estas emisiones como productos complejos que exigían un test de conveniencia sobre la idoneidad del posible inversor. Izquierdo también alegará que, desde 2000, la caja solo actuó en ese tipo de operaciones para tramitar la venta de títulos entre propietarios de los mismos en el mercado secundario. Pese a las explicaciones, algún consejero expresó su temor a que, en caso de reclamaciones, Bankia se escude en Bancaja y sea esta la que pueda resultar perjudicada.

El otro gran punto de debate fue la auditoría, que establece una ganancia de unos siete millones hasta septiembre de 2012 gracias a la venta de unas participaciones en la aseguradora Aviva. Deloitte no hace ninguna salvedad en su informe, pero incluye una nota en la que precisa que se reserva su derecho a modificarlo. Un grupo de consejeros, escamados por el hecho de que esta auditora no avaló las cuentas de 2011 de Bankia „un beneficio de 305 millones„, lo que ayudó a precipitar la intervención de esta y una posterior reformulación que determinó unas pérdidas de 2.979 millones, pidieron explicaciones al respecto. Aurelio Izquierdo les informó de que es práctica habitual esa nota, dado que estas compañías realizan una posterior revisión de su informe para corroborar que el consejo que lo ha aprobado no ha incluido ningún cambio. Pese a que Bancaja dio garantías de que Deloitte aprobará hoy el informe definitivo y de que se dará a conocer públicamente, tres consejeros del bloque progresista decidieron abstenerse en la votación.

El presidente de la caja, José María Mas Millet, que no dio una despedida formal a los consejeros „no hubo almuerzo oficial, solo unos bocadillos y cervezas y refrescos„ informó de que la entidad tiene una tesorería de 100 millones.
Levante-EMV Jordi Cuenca