Tres jueces de A Coruña han apreciado indicios de un delito de estafa en tres casos de venta de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de las antiguas cajas gallegas, de las que heredó su negocio financiero Novagalicia Banco, por lo que decidieron admitir a trámite entre agosto y septiembre pasados las denuncias presentadas por la vía penal por tres familias coruñesas. A estas se unen al menos otras dos por la vía penal de las que tiene constancia Novagalicia y que fueron presentadas en Ferrol y Caldas de Reis.
Las tres tramitadas en A Coruña, presentadas por el abogado coruñés Antonio Vázquez, fueron admitidas a trámite por los juzgados de Instrucción números 5, 6 y 7 coruñeses. En los tres casos, en los que se reclaman unos 10.000, 30.000 y 40.000 euros, los titulares de las preferentes son matrimonios de edad avanzada o jubilados, sin estudios y de nulo perfil inversor que eran clientes de la entidad desde muchos años atrás y que siempre habían depositado en ella sus ahorros, invertidos en cuentas a plazo fijo.
Las demandas exigen la identificación de los responsables de la comercialización de los productos híbridos y de los encargados de supervisarla, acusan a los empleados de la sucursal de la que eran clientes los afectados y exigen responsabilidades penales a Caixa Galicia y a Novagalicia, como beneficiarias del «delito cometido». Reclaman además la citación como imputados del exdirector general de Caixa Galicia, José Luis Méndez López, y de Francisco Zamorano Gómez, actual director general de la Unidad de Gestión de Activos Singulares (UGAS), el banco malo de NCG, y anteriormente responsable de gestión financiera y de riesgos de Caixa Galicia, además de todos aquellos que resulten identificados como responsables de los hechos denunciados.
Según explica Vázquez, en los tres casos sus clientes adquirieron los productos híbridos después de que la entidad financiera se los ofreciese como una inversión «mucho más rentable», similar a un plazo fijo, pero sin informarles de los riesgos que acarreaba el producto. Los tres se encuentran en la misma fase procesal de instrucción, aunque cada uno de los juzgados ha dado pasos para avanzar en el proceso en uno u otro sentido.
Una de las demandas admitidas a trámite relata cómo el matrimonio que se considera estafado tenía contratadas cuentas de ahorro y de plazo fijo desde hacía años y que siempre que la entidad les enviaba una carta para advertirles del vencimiento del plazo, acudían a ella a firmar la renovación. Los denunciantes se enteraron del producto que en realidad habían suscrito cuando en una ocasión acudieron al banco a solicitar los certificados necesarios para el pago de impuestos. «Abusando de la confianza de los denunciantes en la entidad bancaria, por ser aquella con la que habían trabajado siempre, y en el personal de la misma y aprovechándose de su carencia de estudios y absoluto desconocimiento de los instrumentos de inversión, ocultándoseles las características del producto suscrito y el riesgo de pérdida de su dinero y disfrazándolo como una forma de plazo fijo, contra el deseo de la denunciante rechazando productos de riesgo, se utilizaron fondos procedentes de un plazo fijo para asignarle la emisión de obligaciones subordinadas, cuyo importe fue cargado en la cuenta», relata. La demanda considera que los hechos constituyen un delito de estafa o de apropiación indebida con las agravantes de «recaer en cosas de primera necesidad (…) de los denunciantes destinados a sufragar los gastos derivados de su vejez», entre otras.
Estas tres demandas de las que Novagalicia Banco no tenía constancia, según explicaron fuentes de la entidad financiera gallega, se unen otras dos denuncias por la vía penal cursadas en Caldas de Reis y Ferrol. En este último caso, en el que se acusa a un actual exempleado de la entidad financiera, ya se celebró una vista.
Mientras, la Fiscalía Provincial de Pontevedra abrió el año pasado 13 diligencias de investigación penal tras recibir otras tantas demandas de particulares. De ellas, sólo dos permanecen activas.
La vía penal, como explica Antonio Vázquez, tiene como ventajas que los denunciantes no tienen que abonar tasas y no se imponen costas, cuestiones que en la vía civil que han seguido la mayoría de los abogados pueden acarrear importes muy elevados. «En una demanda de 300.000 euros, pueden imponerte unas costas de 30.000 o 40.000 euros si no ganas», advierte. Pero además del ahorro de costes, Vázquez considera que la mayoría de los clientes fueron estafados. «Todos estaban en la idea de que contrataban un plazo fijo», añade.
laopinioncoruna.es 27-10-2013
