La quinta parte del peso del rescate de la banca española, que necesita 57.000 millones de euros, recaerá en accionistas e inversores que compraron deuda subordinada y preferentes, que tendrán que aportar 12.000 millones de euros, según datos de la Comisión Europea.
Las pruebas de resistencia que realizó la consultora Oliver Wyman en España detectaron unas necesidades de capital de 57.000 millones de euros en un escenario adverso, pero el peso de esta cifra se repartirá entre varios actores.
La parte principal, 39.000 millones, ha sido aportada por Bruselas a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que inicialmente había puesto a disposición de España una cifra muy superior, 100.000 millones de euros.
La Comisión Europea calcula que otros 12.000 millones será la parte que asumirán los accionistas e inversores que adquirieron deuda subordinada y preferentes de las ocho entidades ayudadas, y que ahora tendrán que asumir una quita a su deuda.
Otros 5.000 millones procederán de la venta de activos por parte de las propias entidades, así como ampliaciones de capital y otras medidas de gestión, y 1.000 millones serán generados por la propia transferencia de activos al llamado «banco malo».
Hoy, el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, afirmó que España cuenta con «fórmulas» para compensar a quienes «fueron engañados» al adquirir participaciones preferentes, y que los bancos deben cumplir los laudos de arbitraje o sentencias al respecto.
Almunia se pronunció así en la rueda de prensa en la que explicó los planes de reestructuración de Liberbank, Caja3, BMN y CEISS, al ser preguntado por qué no se otorgaron más fondos europeos a los bancos españoles para cubrir las pérdidas que deben asumir los titulares de participaciones preferentes.
El tratamiento que ha dado la Comisión «a cualquier instrumento de capital híbrido», como es el caso de las preferentes, es «conforme al reglamento europeo de las ayudas de Estado», afirmó el comisario español.
No obstante, admitió que «es verdad que en el caso español hay titulares de participaciones preferentes que, por decirlo suavemente, han sido engañados cuando suscribieron un producto financiero que creían seguro (…) y que resultó ser un producto de capital híbrido que, cuando baja el capital de la entidad correspondiente, tiene que sufrir un descuento», afirmó Almunia.
Ese tipo de «abusos o engaños no puede y no debe ser sufragado por los bolsillos de contribuyentes estonios, eslovacos, austríacos, holandeses o belgas», subrayó Almunia.
Ante este problema, añadió que «hay fórmulas» para que las autoridades del país donde se han producido esas prácticas abusivas «encuentren las maneras de compensar a las personas que deben ser compensadas por haber sido engañadas», aunque no precisó a qué instrumentos concretos se refería.
La CE establece una metodología general para las pérdidas que deben asumir los titulares de acciones y de capital híbrido -deuda subordinada y preferentes- y unas hipótesis acorde a la ayuda que recibe cada entidad para mejorar su nivel de capital, si bien son luego las entidades y las autoridades españolas las que deben aplicar el descuento concreto, explicó.
En cuanto a los laudos dictados en algunos casos en España como en el de Catalunya Caixa, que tendrá que devolver a los afectados el 100 % de la inversión, y el de las antiguas cajas gallegas fusionadas en el banco Novagalicia Banco, Almunia dijo que hay que cumplir esos dictámenes.
A partir de ahí, la compensación adicional a la que resulta de la aplicación de la metodología para cada una de las entidades con ayudas públicas es «que no va a ser financiada por los fondos» europeos, destacó, «sino con recursos que busquen las propias entidades o con recursos de las autoridades del Estado miembro».
Levante-EMV 20 dic 2012
