Las dos sentencias del Tribunal Supremo sobre el carácter abusivo de las cláusulas suelo de las hipotecas no solo afectaron a los bancos objeto de la demanda. Con sus fallos de mayo de 2013 y de septiembre de 2014, el Alto Tribunal abrió la caja de pandora para todas las entidades que tienen este tipo de acotaciones en sus contratos, al provocar un aluvión de reclamaciones de los clientes en los juzgados.
Pero la lucha que libran clientes y bancos por las cláusulas suelo en el ámbito judicial también ha saltado al ring autonómico después de que el Principado de Asturias abriera expedientes sancionadores a diversas entidades por lo que considera infracciones a la ley de consumidores y usuarios, tras recibir reclamaciones de clientes bancarios a través de la Unión de Consumidores de la provincia.
A día de hoy, el Gobierno de Asturias ha impuesto 150 sanciones firmes por importe global de 1,2 millones de euros a cinco bancos, a razón de 8.000 euros por cada contrato hipotecario en el que no han retirado la cláusula suelo.
Todos -Caja Rural de Asturias, Banco Popular, Liberbank, Caja España (ahora Unicaja) y Caixabank- han recurrido la sanción del Principado ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Oviedo y están a la espera de sentencia.
Todavía están pendientes de resolución otros 2.500 expedientes sancionadores incoados por el ejecutivo regional a estas entidades por un total de 20 millones de euros. Caja Rural de Asturias encara la mayor sanción (7,2 millones), seguida de Popular (6,68 millones -de los que 2,52 millones corresponden a Pastor), Liberbank (3,28 millones), Caja España (2,368 millones) y Caixabank (480.000 euros). Pero los importes seguirán aumentando a medida que la Unión de Consumidores presente nuevas denuncias, tal y como prevé hacer.
La banca considera que los órganos administrativos de Consumo de las comunidades autónomas se extralimitan en sus funciones al efectuar el juicio de transparencia sobre las cláusulas suelo de las hipotecas y apreciar si son abusivas, potestad que estima está reservada exclusivamente a los tribunales de justicia.
Desde una de las entidades afectadas por las multas inciden en que el Tribunal Supremo no consideró abusivas las clausulas suelo per se en su primera sentencia, sino que consideró abusivas las de determinadas entidades –Cajamar, BBVA y Novagalicia- por la falta de transparencia en los contratos. Desde otra entidad financiera basan su recurso contra la multa del Ejecutivo regional en el argumento de que conculca los derechos fundamentales.
Por su parte, el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, sostiene que ésta «ha encontrado la vía alternativa a la reclamación judicial» para que los bancos eliminen las cláusulas suelo de los contratos y los clientes bancarios recuperen el dinero que se habrían ahorrado sin su aplicación, beneficiándose al completo de la bajada del Euríbor, ahora en mínimos históricos. Costes Muchas personas afectadas no pueden pagar un proceso judicial contra su entidad con un coste mínimo de 1.500 euros, explica Alonso a Expansión Directo Banca. Para cursar una reclamación, la unión de consumidores requiere hacerse socio, lo que implica el pago de 78 euros anuales. Cobra otros 18 euros por gestionar la reclamación y el 10% de la cantidad recuperada a la entidad.
Alonso incide en que el objetivo de la asociación «no es que el banco pague la multa», sino que se avenga a retirar la cláusula suelo del contrato hipotecario con efecto retroactivo desde la formalización del mismo. De ser así, la unión de consumidores propone al gobierno autonómico la retirada de la sanción o su aminoración, dependiendo de si está en fase informativa o ya es firme.
En caso contrario, el portavoz anticipa que el importe de las multas en los expedientes sancionadores crecerá de forma exponencial, porque la asociación prepara nuevas denuncias basándose en la reincidencia de las entidades a incumplir la ley de consumidores, en las que propondrá al Principado que convierta las faltas que ahora considera graves en «muy graves», lo que implicaría elevar la multa por cada hipoteca desde 8.000 hasta 900.000 euros, dice.
Las nuevas denuncias irán dirigidas a las cinco entidades con sanciones firmes más Banco Sabadell. La unión de consumidores retiró su denuncia contra la entidad que preside Josep Oliu porque pactó con sus clientes y devolvió las cantidades de la cláusula suelo desde mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del Tribunal Supremo. Pero la asociación volverá a denunciar a Sabadell por no devolver las cantidades de la cláusula suelo desde la formalización del contrato hipotecario.
A día de hoy, la unión de consumidores ha recuperado 3,5 millones de euros de las cantidades cobradas por estas cláusulas en las hipotecas de 2.000 familias asturianas. Alonso asegura que estas acotaciones «son un enriquecimiento ilícito de los bancos y son responsables del 25% de los desahucios y ejecuciones hipotecarias en España».
Sobre que Asturias sea la única comunidad autónoma que sanciona a los bancos por estas cláusulas, el portavoz cree que responde «a la valentía» del Principado a pesar de que la banca financia la deuda autonómica. Pero confía en que esto cambie a raíz de las próximas sentencias sobre los recursos presentados por los bancos contra las sanciones del gobierno regional.
Fuente: http://www.expansion.com/2015/01/27/empresas/banca/1422392416.html
