La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 9 de mayo marcó un antes y un después a la hora de analizar la nulidad de las cláusulas suelo y sus efectos en el bolsillo del cliente. Precisamente uno de los puntos más controvertidos de aquel fallo se encuentra en la no devolución del dinero cobrado indebidamente al consumidor durante todo el periodo en que se aplicó tal cláusula, en caso de que un juez la declare nula.
El Juzgado de Primera Instancia número 86 de Madrid ha condenado a Bankia a pagar cerca de 220.000 euros a unos clientes de avanzada edad que adquirieron participaciones preferentes de Caja Madrid en 2009 sin tener información adecuada del producto.
Otra más de venta de participaciones preferentes a clientes sin capacidad para entender en qué están invirtiendo, y con la sombra del engaño, la desinformación y la falta de transparencia en todo el proceso. Pero es que si ya de antemano el cliente difícilmente puede entender la complejidad del producto contratado, aún más difícil se hace cuando el comercial bancario que lo está vendiendo tampoco tiene nada claro qué es lo que tiene entre manos, sino más bien todo lo contrario.
La acusación presente en el caso Bankia en representación del movimiento 15MpaRato ha remitido este jueves ante la Audiencia Nacional nueva documentación que, en su opinión, podría dar un vuelco al proceso. Los nuevos documentos, conseguidos de forma anónima, apuntan a que las cajas que posteriormente formaron BFA-Bankia supuestamente habrían comercializado las participaciones preferentes solo entre «una clase de personas previamente elegidas, víctimas fáciles».
Casi medio millón de titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada de las entidades bancarias nacionalizadas –Bankia, NCG Banco y CatalunyaCaixa— han reclamado 6.757 millones de euros a través del arbitraje. Más de 60.000 de ellos han recuperado 530 millones de inversión. Por ahora, esas son las magnitudes oficiales del problema financiero y la velocidad a la que avanza la solución.
Así consta en el primer informe trimestral remitido al Congreso por la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada, creada por el Gobierno. En marzo se daba luz verde al decreto ley de protección a los titulares de este tipo de productos y que, entre otras medidas, autorizaba el arbitraje para ciertos casos.
Un problema de 10.000 milllones
Al inicio del proceso, las tres entidades que han sido objeto de un rescate total sumaban 9.772 millones en emisiones de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada. En concreto, Bankia tenía 6.231 millones emitidos entre 294.905 clientes, NCG tenía 1.832 millones entre 116.660 ahorradores y CatalunyaCaixa contaba con 1.709 millones entre 122.858 titulares.
Para la mayoría de los clientes se abrió la puerta de acogerse al arbitraje, renunciando en este caso a recurrir a la vía judicial. El primer procedimiento se abrió en NCG en julio del año pasado, y a él se remitieron 106.840 titulares (80% del total) por 1.450 millones de euros.
Hasta el 19 de julio pasado, cuando está fechado el informe, el experto independiente había analizado todas las solicitudes y admitido 62.503, de las cuales 43.990 han recibido un laudo positivo por valor de 367 millones de euros.
Los casos de Bankia y CatalunyaCaixa
En CatalunyaCaixa las solicitudes de arbitraje comenzaron a registrarse el 11 de octubre de 2012. Sumaron un total de 118.131 por un importe de 1.399 millones de euros. Hasta julio, el experto había admitido 20.276 reclamaciones, de las cuales 12.055 cuentan con laudo positivo por un valor de 145 millones de euros.
El Gobierno andaluz ha resuelto el primer expediente contra una entidad bancaria por irregularidades en la comercialización de preferentes, un complejo producto financiero en el que han quedado atrapados los ahorros de miles de personas. El expediente se cierra con una multa de 455.000 euros a CaixaBank, que aglutina a las antiguas La Caixa, Cajasol y Banca Cívica. La sanción se impone por tres infracciones —dos muy graves y una leve— cometidas por la entidad en la «comercialización irregular de participaciones preferentes», según la Junta.
Ésta se encargará de la revisión de los estados contables desde 2013 a 2017, según fuentes conocedoras de la operación. Hasta ahora y durante los últimos siete años los trabajos habían sido prestados por Deloitte. El departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del supervisor abrió un procedimiento restringido para seleccionar a su auditor en abril, ya que el contrato con Deloitte expiraba al cierre de 2012.
El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Córdoba ha dictado una sentencia que estima la demanda interpuesta por el despacho Procesalía Estudio Jurídico en nombre de su cliente contra Bankia, en reclamación de nulidad de una inversión en participaciones preferentes de dicha entidad financiera que la cliente realizó por importe de 45.000 euros en el año 2009. El fallo es recurrible ante la Audiencia Provincial.
El director general de BFA y director de participadas de Bankia, Manuel Lagares, ha admitido en la Audiencia Nacional que propuso al consejo de administración del banco una operación de recompra de preferentes que supuso pérdidas para la entidad «en atención a la clientela» y para proteger a ésta.
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga ha anulado la cláusula suelo de 28 hipotecas de Unicaja y ha condenado a la entidad a devolver a los afectados lo cobrado por este concepto, que asciende a 18.844,39 euros, a lo que hay que sumar las cantidades mensuales que se vayan devengando y los intereses.