Afectados valencianos presentan más de medio centenar de reclamaciones diarias y ya se han registrado 197 demandas en los juzgados de Valencia en cuatro meses
Un auténtico aluvión de quejas, reclamaciones y demandas judiciales que están empezando a colapsar los juzgados de la Comunitat. Este es el escenario creado por buena parte de los aproximadamente 700.000 afectados (alrededor de un tercio de ellos valencianos, según los expertos) que suscribieron las llamadas participaciones preferentes y deuda subordinada, títulos financieros que, en muchos casos, han hecho desaparecer los ahorros de toda su vida. El problema ha derivado en el registro de 197 demandas por la vía civil en los juzgados de Valencia entre el 1 de febrero y el 31 de mayo.
Las plataformas de afectados y asociaciones de consumidores valencianas han tramitado ya más de 13.000 reclamaciones contra las entidades bancarias que colocaron estos productos entre sus clientes, principalmente la extinta Bancaja, una cifra que se incrementa diariamente en más de medio centenar.
La sección valenciana de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) está gestionando alrededor de 3.500 reclamaciones, «aunque cada día llegan a nosotros unas 50 nuevas», explicaron. Esta plataforma ha presentado ya 24 demandas conjuntas contra 18 entidades, dos de ellas hacia Bancaja y otra contra la actual Bankia, banco que también deberá responder a otra demanda más de Adicae.
La Asociación de Perjudicados por Bankia (Apacbank) representa ya a más de 2.000 afectados, «y todos los días siguen llegando nuevos», indicaron. Esta plataforma ha tramitado ya unas 250 demandas judiciales «y tenemos una previsión de llegar hasta las 1.500». Desde la delegación valenciana de la Unión de Consumidores de España (UCE) destacaron que «hemos recibido tal aluvión de quejas que no hemos podido ni contabilizarlas todavía»; mientras que la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) ha atendido a 1.148 afectados por preferentes entre enero y mayo. También coinciden en que prácticamente a diario llegan vecinos con este problema.
La Organización de Consumidores y Usuarios, por su parte, resaltó que hasta el 10 de mayo se habían presentado contra Bankia 1.138 demandas. La entidad aprovechó para recalcar que, del total de demandas recibidas, que superan las 1.500, ya se han resuelto 60 procesos. En 22 de ellos ha resultado ganador el banco.
Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia, los juzgados de Primera Instancia de Valencia han registrado 197 demandas por preferentes entre febrero y mayo, el 73% de ellas contra Bankia. Entre las entidades implicadas por estos productos también se encuentra Bancaja (15%) y la CAM (1,52%). Además, en el partido judicial de Valencia se han contabilizado 370 apoderamientos para poder presentar denuncias por las pérdidas ocasionadas. Esta herramienta (acreditación de representación a un procurador) puede derivar en demandas en cualquier partido judicial. De estos, casi el 90% han sido presentados por la asociación Adicae, el 9% por Aliter Abogados y el resto por particulares.
Los jueces de la jurisdicción civil han mostrado su preocupación ante el constante incremento de este tipo de demandas y de algunas otras relacionadas igualmente con complejos productos bancarios. Por ello han iniciado, junto al decano de los juzgados de Valencia, Pedro Viguer, una serie de iniciativas de análisis para encontrar la mejor forma de organizar esta entrada específica de asuntos para dar una respuesta más eficaz.
Por ejemplo, el martes se celebrará una junta específica para abordar la posibilidad de abrir una categoría de clasificación de los asuntos de este tipo (preferentes, swaps) que se registran para poder dimensionar su impacto de manera inmediata. Además, se estudiarán formas de reparto para garantizar una gestión más eficaz en la progresión de los procedimientos.
Viguer expresó su preocupación por el incremento de este tipo de asuntos detectado en apenas cuatro meses y ha trasladado a los magistrados de lo civil y a la sala de Gobierno que «se arbitrarán los mecanismos adecuados para poder gestionarlos con la mayor eficacia».
En la mayoría de los casos, una absoluta confianza en el director o intermediario de su oficina bancaria y un interés en depositar sus ahorros en algún fondo seguro y que pudieran disponer de ellos en cualquier momento, sobre todo pensando en la jubilación, hizo que los perjudicados aceptaran estos productos con los ojos cerrados. De esta forma adquirieron, sin saberlo, un título financiero que, en realidad, es «un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido», tal y como lo define la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La gran pregunta es si los afectados podrán recuperar su dinero. Como explicó la experta abogada Amparo Barrachina, se abren tres caminos: arbitraje, demanda civil o acudir a la vía penal. En un intento por evitar que los juzgados se colapsen, el Gobierno, a través del FROB, ha planeado un macroproceso de arbitraje para los afectados por participaciones preferentes de Bankia, que está llevando a cabo la consultora KPMG. Sin embargo, esta se presenta como una medida «aleatoria, insegura e imprecisa», según Barrachina, a la que únicamente se podrá acoger alrededor del 30% de los afectados.
Hasta el 30 de junio, quienes lo deseen podrán presentar una solicitud para este arbitraje y será KPMG la que decida si pasan el filtro en función de una serie de requisitos. Los que lo superen «sólo recuperarán, como mucho, el 80% de la inversión y deben firmar una renuncia a acudir a la vía judicial sea cual sea el laudo arbitral», advirtió la experta, quien matizó que, al menos, esta opción es gratuita.
El camino que más fuerza está cobrando es la de interponer una demanda por la vía civil. «La desventaja es el coste, que puede llegar a unos 800 euros entre tasas y otros gastos; y el tiempo, ya que en función de lo saturado que esté cada juzgado el proceso se puede alargar dos años. En cambio, podrán recuperar toda la inversión y tienen la garantía de un juez. La tercera opción es la vía penal, «que es más económica pero lo malo es que suelen archivar estos casos». Además, se suele demandar al empleado que vendió el producto y, subsidiariamente, responde la entidad.
lasprovincias.es 3.6.2013
