La instrucción judicial del caso Bankia, en la que se investiga la fusión de la entidad y su posterior salida a bolsa, así como la comercialización de sus participaciones preferentes, ha entrado en una fase de letargo. Pero el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, continúa recibiendo documentación sobre la nacionalización del banco. La última en dirigirse al magistrado ha sido la exintegrante del Consejo de Administración de Bankia y del Comité de Auditoría y Cumplimiento de la entidad Araceli Mora, una de los cerca de 40 altos directivos imputados en la causa.

La defensa de Mora ha enviado un escrito a Andreu en el que afirma que la reformulación de las cuentas de Bankia, que propició la posterior nacionalización de la entidad y la inyección de fondos públicos por valor de 24.000 millones de euros para evitar su colapso, se realizó siguiendo criterios completamente arbitrarios e incumpliendo la normativa vigente. En el documento, al que ha tenido acceso este diario, argumenta que “la evolución del deterioro por mora de activos en Bankia no tiene ningún sentido económico ni contable”.

La exconsejera centra la mayor parte de su escrito en desmontar los argumentos que utilizó el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, para justificar en un primer momento su negativa a firmar las cuentas de 2011 y a presentar posteriormente un balance de ese ejercicio, que acabó provocando la salida en bloque de todos los responsables de la entidad, con Rodrigo Rato al frente. El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia es uno de los más de 40 directivos imputados en la causa, al igual que su predecesor al frente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

La importancia de la reformulación

La reformulación de las cuentas de 2011, que convirtió los 309 millones de euros que supuestamente había ganado el banco ese año en pérdidas de 2.979 millones de euros, es clave en la causa. Las acusaciones se apoyan precisamente en ese ajuste contable para afirmar que los administradores de Bankia y BFA ocultaron intencionadamente la verdadera situación patrimonial de ambos conglomerados para proyectar una falsa imagen de solvencia.

Mora, que es catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valencia y fue una de las más beligerantes con la actuación de Deloitte, recuerda que ella no tuvo ninguna responsabilidad en BFA y que sólo perteneció al Consejo de Administración de Bankia entre el 16 de junio de 2011 y el 25 de mayo de 2012. Pero ese es precisamente el periodo en el que está centrándose la investigación judicial que está realizando Andreu desde que UPyD presentó hace casi dos años la denuncia que dio lugar a este procedimiento.

Con todo, la exconsejera sostiene en primer lugar que, hasta marzo de 2012, el socio auditor de Deloitte mantuvo que “el borrador de informe sin salvedades” de las cuentas de 2011 con los 309 millones de euros de beneficio “estaría en cuanto el Banco de España aprobara el plan de viabilidad del grupo de la matriz BFA”. Además, asegura que las cuentas reformuladas de Bankia presentadas el 25 de mayo de 2012 por Celma, en las que ya se apuntaban pérdidas por valor de 2.979 millones de euros, eran “en su inmensa mayoría incompatibles con la normativa contable aplicable”. “La señora Mora actúa con la debida diligencia de su cargo. Ningún ‘cambio de parecer’ que se produjera con posterioridad, ni que se pudiera producir ahora, 2 años después, con la información original de la que la gerencia