El Gobierno andaluz ha resuelto el primer expediente contra una entidad bancaria por irregularidades en la comercialización de preferentes, un complejo producto financiero en el que han quedado atrapados los ahorros de miles de personas. El expediente se cierra con una multa de 455.000 euros a CaixaBank, que aglutina a las antiguas La Caixa, Cajasol y Banca Cívica. La sanción se impone por tres infracciones —dos muy graves y una leve— cometidas por la entidad en la «comercialización irregular de participaciones preferentes», según la Junta.
El expediente se inició en diciembre de 2012 y se originó tras la presentación de 21 reclamaciones en los servicios de consumo. La Consejería de Administración Local, tras investigar este asunto, considera que CaixaBank «ocultó a las personas usuarias información relevante sobre las condiciones de riesgo y liquidez de las participaciones preferentes». Los técnicos han detectado en este caso los mismos problemas que muchos de los preferentistas denuncian: no se entregó el correspondiente folleto informativo, los clientes no realizaron el obligatorio test de conocimientos financieros o no prestaron su consentimiento para que se produjera la compra de las preferentes.
La Junta ha indicado este martes que estas irregularidades supondrían tres faltas leves según la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. Pero el Gobierno afirma que ha encontrado agravantes en la actitud de la entidad: infracción continuada, «producir una alteración social grave» y haber procedido «explotando la especial situación de inferioridad o indefensión de determinados consumidores». Pese a la sanción, el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, ha destacado este martes la actitud de colaboración de la entidad y que el banco haya llegado a acuerdos con casi todos los clientes. Estas circunstancias han reducido el importe de la multa.
A la organización de consumidores Facua la sanción impuesta le parece «irrisoria» al no ser proporcional con los «beneficios obtenidos ilegalmente mediante prácticas fraudulentas».
elpais.com 24-9-2013