El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu deshojó al fin la margarita. Tras varios días analizando la salida a bolsa de Bankia a mediados de 2011, que se hizo con las cuentas falseadas, el magistrado anunció ayer en un auto la imposición de una fianza de 800 millones por responsabilidad civil de manera subsidiaria a Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la propia Bankia y los exconsejeros de ambas entidades Rodrigo Rato, Vicente Verdú, José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas.
La cantidad servirá para hacer frente a las reclamaciones de los pequeños inversores que acuden por la vía penal y que perdieron todo o parte de su dinero con la nacionalización, en mayo de 2012.
La fianza impuesta ayer, que tendrá que ser depositada en un mes, se suma además a los 600 millones que el ministro Luis de Guindos estimó que costarían las demandas presentadas en los juzgados ordinarios de toda España.
De ahí que la factura ascienda ya a 1.400 millones y podría suponer un duro revés en las cuentas de la entidad. De momento, Bankia y BFA han decidido recurrir el auto y analizan las posibles repercusiones sobre los beneficios de 2014 y 2015, así como la realización de provisiones para cubrir los riesgos, y el reparto o no de un dividendo con cargosa las ganancias del ejercicio pasado. Todo dependerá al finalde las dotaciones y de la carga que supondrá el proceso judicial a para Bankia y para BFA.
De momento, lo único que parece claro es que la sociedad cotizada asumirá una tercera parte de las indemnizaciones como consecuencia de las sentencias civiles y la matriz, 100% del Estado y dueña del 62,5% de Bankia, los restantes dos tercios. Pero se desconoce la distribución de la fianza.
Como afecta a cuatro directivos, a día de hoy es prácticamente imposible conocer el reparto de la misma. En cualquier caso, los ejecutivos podrían afrontar una parte mínima, en caso de que tengan capacidad financiera. A finales del año pasado, Rodrigo Rato consiguió de hecho un aval de 3 millones para evitar el embargo de sus bienes por el caso de las tarjetas opacas.
Todo parece indicar, no obstante, que serán BFA y Bankia las que asuman en su práctica totalidad o por completo el depósito exigido por el juez, que se ha quedado lejos de los 4.100 millones que exigían algunos demandantes particulares.
Andreu considera en su auto que el importe de 800 millones es «proporcionado, adecuado y justificado», al tratarse de una tercera parte de la suma invertida por los accionistas minoritarios, que alcanzó los 1.800 millones, y a la que debe sumarse el tercio establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero eso no quiere decir que los institucionales vayan a quedar desprotegidos, aunque su camino, dice el juez, tiene que ser otro.
«Atendiendo a que el folleto informativo está básicamente dirigido a inversores minoritarios pues las negociaciones con los inversores del tramo institucional tienen otro recorrido, dado que los mismos conocen otros aspectos complementarios tanto de su inversión como de los riesgos, teniendo conocimientos más amplios de los que tienen los minoristas», indica.
Andreu considera que su decisión no compromete tampoco la viabilidad de Bankia que, tal y como se encarga de recordar en el auto, «se debe, precisamente, al hecho de haber recibido 22.400 millones en ayudas públicas, en el contexto de la reestructuración y recapitalización del sistema financiero».
Indicio racional de delito
Ante todo ello, defiende la imposición de la fianza porque de la instrucción que se ha llevado a cabo hasta ahora «se desprenden indicios racionales y fundados de la comisión de delito». La caución se impone en primer lugar, según explica, ante el riesgo de que el proceso se alargue en el tiempo y teniendo en cuenta se produce una falsedad, puesto que los estados financieros de Bankia y BFA desde su constitución hasta los reformulados en 25 y 28 de mayo de 2012 no se ajustaban a la realidad.
El juez recuerda, en este sentido, los informes de los peritos del Banco de España que cuestionaron las cuentas con las que Bankia salió a bolsa y advierte que ponen de manifiesto «con toda rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS (oferta pública de suscripción) de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad», extremo que el contrainforme de parte aportado por el banco no contradice.
Cuentas falseadas
Del informe de los peritos junto al resto de pruebas se desprende un delito tipificado en el Código Penal que castiga a quienes como «administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores, falsearan la información económica financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros, con el propósito de captar inversores o depositantes». Pero el magistrado va aún más allá e insiste en que no sólo se habría producido esa falsa información al inversor inicial que compró los títulos en la OPS, con el consecuente perjuicio económico, sino también para los nuevos accionistas, aunque considera «laborioso» hacer una cuantificación del perjuicio.
Por ello, el coste ahora estimado podría ser superior para Bankia y BFA. Además hay que tener en cuenta que algún inversor institucional ha anunciado que podría demandar por las pérdidas ocasionadas. Es el caso de Mapfre.
