El Gobierno y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han optado por articular un procedimiento de arbitraje para solucionar, sin llevar los juzgados al colapso, las reclamaciones de los titulares de preferentes que se consideran engañados por las entidades financieras en la colocación de productos muy complejos como si fueran depósitos sin riesgo y con total liquidez. El arbitraje pretende atender rápidamente las reclamaciones de los afectados, a través de un trámite que incluye una reclamación ante la entidad del tenedor de los títulos, la revisión del caso por un experto y la remisión, si así lo aconseja, de la reclamación a la Dirección General de Consumo, órgano decisor final sobre la cuantía de la restitución.

Como procedimiento de urgencia, el arbitraje está bien pensado. La experiencia demostrará si es un trámite rápido, como se pretende. De entrada, se quiere enfriar un polvorín político que afecta a más de 400.000 clientes, con implicaciones sociales graves, sobre todo por la coincidencia con los desahucios de viviendas. Es una decisión correcta que tengan prioridad las cantidades inferiores a los 10.000 euros; es acertado que, una vez conocida la recomendación del experto de la entidad bancaria, el tenedor de los títulos pueda acudir a la vía judicial si no se considera justamente tratado; y es aceptable que, en todo caso, el titular a quien se reconozca su derecho a percibir la cantidad invertida pierda la diferencia de rentabilidad (no hay quita de capital) entre la remuneración pagada hasta el momento a cada preferente y la remuneración de un depósito.

Pero hay riesgos evidentes de conflicto judicial masivo. Por una parte, porque la inversión se devuelve en forma de acciones que en el mercado tienen un valor próximo a cero. La pérdida de una gran parte del capital invertido es muy probable entre quienes no puedan demostrar ante el experto que hubo mala fe en las entidades que les vendieron los títulos y, por tanto, no lleguen al arbitraje de Consumo. Acudirán probablemente a los tribunales no solo para demostrar que fueron engañados por la oficina financiera, sino también para denunciar que han recibido un trato discriminatorio en el proceso arbitral.

En todo caso, el riesgo de fondo para el Gobierno y el Banco de España es que los tribunales acepten las conclusiones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la deplorable comercialización de las preferentes. Entiende la CNMV que la colocación de los títulos estaba viciada de inicio por un fraude básico: no existía un mercado que regulase su precio, de forma que cuando un cliente vendía sus títulos a través de la entidad financiera, esta los colocaba al nominal inicial, sin tener en cuenta la depreciación del valor. El nuevo comprador siempre resultaba perjudicado. Si los tribunales aceptan la tesis de la Comisión, el esfuerzo de poner en pie un arbitraje convincente no servirá de nada.
elpais.es 22-04-2013