Bankia vive un momento dulce después de haber sido el objetivo del odio más profundo de todos aquellos ciudadanos que han considerado una injusticia el rescate de la banca con esos 60.000 millones que se han drenado de los presupuestos que antes se destinaban a la educación y a la sanidad. La sensación de que se van a ir de rositas los irresponsables que dirigían el grupo resultante de la fusión de Caja Madrid y Bancaja, entre los que se encuentran numerosos caraduras del PP, del PSOE y de los sindicatos, acrecienta la inquina del común de los mortales contra el Sistema y contra el banco.
Pero lo cierto es que la Bankia de hoy en día tiene poco que ver con la que administraba Rodrigo Rato hace apenas dos años. El nuevo equipo directivo liderado por José Ignacio Goirigolzarri se ha ganado el respeto de los empleados, con los que se ha reunido casi uno a uno para levantarles el ánimo; de los mercados de capitales, como refleja la fuerte revalorización de la acción, y de los competidores, que se aprovecharon de la animadversión de los clientes para robarles miles de millones en depósitos en los peores momentos de la intervención. Goiri y su equipo, con José Sevilla y Amalia Blanco a la cabeza, se han recorrido delegación a delegación, explicando las claves generales de la ley para recuperar el crédito perdido ante los ahorradores.
Sin embargo, Bankia sigue teniendo un furúnculo que escuece: las famosas participaciones preferentes, que le han generado cientos de demandas en los juzgados pese a la compensación del arbitraje. Los que no quisieron o no pudieron agarrarse a esta fórmula para recuperar parte de su dinero han demandando al banco, que ha contratado a un polémico experto para hacer las pruebas periciales. Se trata de Ángel Carrasco, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha y asesor del despacho Gómez-Acebo & Pombo, que no tiene pelos en la lengua.
Carrasco es también director del Centro de Estudios de Consumo de la UCLM, atalaya desde la que ha expresado con rotundidad lo que piensa, tratando de alejarse de la demagogia más banal. Conocidas son sus posiciones contra la sentencia de Bruselas sobre la ley española de desahucios, la del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo y, sobre todo, las preferentes. La última la montó hace bien poco, apenas una semana, cuando emitió un comunicado en el que aseguraba que los que compraron esos productos eran unos “listillos que especularon a ser más listos que los demás”.
El catedrático no se cortó un pelo al aseverar que los que preferentistas “quisieron comprar duros a cuatro pesetas mientras los demás los comprábamos por cinco, que si hubieran ganado en la especulación no hubieran repartido el premio, pero ahora quieren repartir la pérdida a contribuyentes, depositarios, accionistas de entidades del FROB, empleados de estas entidades en curso de irse a la calle por un ERE, a todos los españoles en general, no a la banca, porque no hay banqueros -distintos de contribuyentes y empleados- en la banca del FROB”.
En una transparente conversación, explica su tesis con la siguiente exposición:
- Un tercio de los preferentistas sabía lo que compraba, por lo que no tiene derecho a nada.
- Otro tercio no lo tenía claro totalmente, pero era consciente de que no se trataba de un depósito y que le daban una rentabilidad del 7%, mucho más alta que la de cualquier otra inversión. Por lo tanto, tampoco deben recibir una compensación.
- Y un último grupo que realmente desconocía lo que suscribía y que, quizás, no siempre, si puede exigir el dinero invertido aunque el criterio de que fueron engañados no sería válido.
En su opinión, a este último colectivo, y sólo en algunos casos, se les debería devolver el dinero cuando se demostrase que ni habían sido sometidos al test de idoneidad ni se les habían explicado las condiciones de las preferentes mediante un folleto. “Hay casos, pero pocos”, agrega. En estas circunstancias, el contrato sería nulo.
Pero su argumentación va más allá. Cree que los tres bancos que fueron nacionalizados –Bankia, Catalunya Banc y Novagalicia- estaban en quiebra técnica, por lo que los acreedores, como en cualquier proceso concursal, no tienen derecho a cobrar. Razona que el dinero recibido de Europa con el que se rescató a estas entidades sólo podía ser destinado a compensar a los depositarios y a los acreedores de deuda senior (bonistas). Según el MOU y la ley del FROB, “las participaciones preferentes no tienen más valor que si los bancos hubieran sido liquidados”.
Su exposición de motivos es técnicamente tan objetiva que asegura que “las preferentes son buenos productos, que no tienen riesgos. De hecho, la banca sigue emitiéndolas, como ha hecho esta semana el Santander”. No le falta razón. El BBVA lo hizo en enero con los llamados CoCos. “El problema estaba en el ladrillo, en la gestión de Bankia o de Novagalicia. El argumento de que los particulares fueron engañados no es suficiente para recuperar el dinero porque todos los días firmamos documentos que habitualmente no comprendemos en su totalidad”, como puede ser un seguro de vida, sentencia.
Su contundencia es tal que, por el criterio del engaño, se debería también compensar a los que compraron una vivienda para invertir y han perdido un 40% del valor. “¿Fueron timados o asumieron el riesgo del mercado?” O a los inversores que confiaron sus ahorros a Afinsa, a Forum Filatélico años atrás o más recientemente a Eroski. «Quienes suscribieron las preferentes se van a tener que aguantar», sentencia.
El perito de Bankia ha expuesto en momentos anteriores que su interés va “mucho más allá de donde llegan los nuevos amigos de los consumidores, los intelectuales de medio pelo, que andan detrás de la presa de las preferentes y los suelos a ver si cazan una parte del negocio que van generando los buenos y malos consumidores que litigan en los tribunales”.
Los abogados de los preferentistas, entre los que se encuentran muchos familiares ancianos de empleados de Bankia, que suscribieron el producto por recomendación expresa del hijo, hermano o tío tienen enfrente a un perito singular, que no deja títere con cabeza. Considera que España es “un país invertebrado y anárquico”, donde los medios de comunicación “confunden churras con merinas” cuando analizan asuntos tan delicados como la ley hipotecaria, sobre la que se ha dicho una “sarta de disparates”, de la que “han participado los políticos y hasta el mismo Rajoy”.
“Hay un problema de enorme magnitud y es que se ha mentido a la gente. La verdad, y nadie parece querer contarla, es que tiene que haber hipotecas y desahucios», porque tiene que permanecer la buena costumbre de pagar, aseveraba hace un año al pronunciarse sobre la sentencia de Bruselas que calificaba de abusiva la ley de ejecuciones hipotecarias.
Se puede estar de acuerdo o no con Angel Carrasco, compartir o disentir de sus opiniones, pero sin duda se agradece que en este mundo de vaguedades alguien se exprese con claridad, sin el cinismo y la hipocresia general del lenguaje político, de los banqueros y de los periodistas de salón.
blogs.elconfidencial.com 15-03-2014