Las posibles indemnizaciones a los inversores que compraron acciones de Bankia durante su salida a Bolsa han desencadenado un nuevo pulso entre los ministros Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. En el ministerio de Hacienda se resisten a blindar a Bankia por las pérdidas derivadas de las posibles reclamaciones, tal y como pedían en Economía. Luis de Guindos propone limitar al 38 % las cuantías de las compensaciones que asuma Bankia. En el Gabinete del ministro Montoro, sin embargo, no quieren oír hablar de que las indemnizaciones se paguen a costa del contribuyente. Es decir, se niegan a que BFA, matriz de Bankia, y propiedad al 100 % del Estado, se haga cargo del grueso de los pagos. Y menos, a tres meses de las elecciones autonómicas y locales, cuando Bankia estaba llamada a ser ejemplo de gestión del Gobierno del PP.
El Departamento que dirige Cristóbal Montoro no tiene prisa por determinar quién debe costear las reclamaciones sobre todo cuando aún no hay sentencias firmes. Hacienda quiere ganar tiempo hasta ver como se desarrolla el asunto en el ámbito judicial. La Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, está en la misma sintonía.
Esta tesis difiere de la defendida en público por el ministro de Economía. Luis de Guindos propuso hace unos días que las pérdidas atribuidas a Bankia por las indemnizaciones se limitasen al 38 % y el resto, el 62 % restante, sería soportado por BFA, propiedad 100 % del Estado a través del FROB. El ministró razonó que como BFA ostenta el 62 % de Bankia esa es la participación en las pérdidas que le correspondería. En realidad, las pérdidas que soporte Bankia repercutirán finalmente en BFA, ya que tendría menos beneficios y dividendos. Por lo tanto, castigaría indirectamente a los contribuyentes.
Mientras aumenta la tensión entre ambos ministerios, el Banco de España aún no se ha manifestado sobre el asunto. Una indefinición que ha levantado suspicacias en Economía y en Hacienda. En Bankia contemplan el pulso con preocupación. Para la entidad, esta polémica supone la primera injerencia política del Gobierno durante la gestión de José Ignacio Goirigolzarri, presidente de la entidad. El argumento del banco es que si Bankia tuviera que anotarse todas las pérdidas derivadas de las compensaciones por la salida a Bolsa, se generaría una incertidumbre que lastraría el valor de la acción. Esta situación, además, atrasaría la privatización de nuevos paquetes de acciones que dificultaría la recuperación de parte de los 22.424 millones inyectados por el Estado.
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