El escándalo de las participaciones preferentes sigue coleando cuatro años después de que estallara, tras una comercialización de este producto financiero complejo —en muchos casos— entre más de 710.000 inversores y ahorradores con escasos conocimientos sobre finanzas. La cifra total de afectados asciende a unos 3 millones, según cálculos de la Asociación de Usuarios de Banca (Adicae) si contamos con las subordinadas y otros productos financieros «tóxicos».
Más de 12.500 millones colocados a clientes minoristas hasta 2011, ahorradores atrapados en un producto sin liquidez, canjes forzosos por acciones, imposición de pérdidas
[eufemísticamente llamado «reparto de la carga»] para recapitalizar a la banca nacionalizada, arbitrajes señalados como discriminatorios… En apenas dos años se han sucedido numerosos acontecimientos en relación con los llamados productos híbridos. Hasta finales de 2013 (últimos datos disponibles del Banco de España) apenas 144.189 personas del total de 427.802 con inversiones en participaciones preferentes o deuda subordinada habían logrado recuperar su inversión inicial gracias a los arbitrajes puestos a disposición por las propias entidades (BFA-Bankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa). Es decir, que solo un tercio (el 34%) de los afectados logra por esta vía que le devuelvan el importe invertido. Según los últimos cálculos de Adicae, más de 300.000 personas siguen sin ver una solución adecuada, bien porque sigan teniendo en su poder preferentes, bien porque se las han canjeado «por productos indisponibles y complejos con los que pueden perder gran parte de sus ahorros», denuncian desde esta asociación. Crecen las sentencias a favor de los afectados El pasado 17 de enero, la Audiencia Provincial de Madrid, emitió una sentencia en la que obliga al banco alemán Deutsche Bank a devolver 2,9 millones de euros a un grupo de 49 clientes a los que vendieron participaciones preferentes sin ofrecerles una información adecuada sobre sus riesgos y características. La condena es, según los despachos de abogados que tramitaron la demanda, la de mayor cuantía «en volumen y por número de demandantes que un tribunal resuelve de forma favorable para afectados».
La de Deutsche Bank es quizás la más llamativa de las decenas de condenas que los juzgados españoles están resolviendo desde hace ya dos años. Pero hay muchos más, y buena parte de los mismos favorables a los afectados: Novagalicia (NCG) obligada a restituir los 267.000 euros de una ama de casa «engañada», Bankia por colocar preferentes a un cliente aquejado de alzheimer, una sentencia colectiva contra Caja Extremadura por vender a familias 170 millones de euros en deuda subordinada… «Las sentencias por estos abusos flagrantes están recayendo a favor de los perjudicados», señalan desde la Asociación de Usuarios de Banca (Adicae). Según sus cifras, solo frente a Bankia se han presentado al menos 8.000 demandas, a las que se suman las de Novagalicia (2.000) y CatalunyaCaixa (1.000), a las que se suman las de otras entidades como Liberbank, Ceiss… La inmensa mayoría de las sentencias están aún pendientes de resolución, pero «con un grado de satisfacción para los afectados frente a las entidades del 80-90%», aseguran. Este goteo incesante de sentencias y demandas de afectados han amenazado con formar un verdadero tapón en la instrucción de casos como el de la salida a Bolsa de Bankia, con el riesgo de convertirlo en un macrojuicio. En numerosas audiencias provinciales, por su parte, el Poder Judicial se ha visto obligado a ampliar los medios humanos con el fin de tramitar esta avalancha de procesos. Problemas con el arbitraje La vía judicial para preferentistas y ahorradores con otros productos «tóxicos» está ganando peso debido a que la vía promovida por el Gobierno y algunas organizaciones de consumidores, los arbitrajes, no han sido una solución efectiva para todos los afectados. «Actualmente han visto resueltos por el arbitraje unos 138.000 afectados (en el sentido de obtención de laudo favorable, con devolución del nominal inicial», detallan desde Adicae. Desglosados por entidades, en el caso de Bankia (según su propia web) ya hay 77.210 familias a las que ya han abonado su dinero de vuelta, del total de 183.000 que solicitaron el arbitraje. En el caso de Novagalicia, han cobrado 37.670 respecto a los 75.000 solicitantes, y en CatalunyaCaixa han sido 23.000 sobre un total de 79.000 afectados. ¿Por qué tantas personas no han obtenido un laudo favorable? En opinión de las asociaciones de afectados y los despachos de abogados consultados por este diario, la gran mayoría de los casos resueltos en contra del afectado han sido los de un mayor importe. Se han resuelto en un primer momento aquellos casos por debajo de los 10.000 euros, y se han dejado para más adelante aquellos por encima de esta cifra. Más negativas a los clientes con más dinero «A muchos ahorradores con un perfil claramente aversivo al riesgo y que conforme a los criterios exigidos para acceder al arbitraje les tenían que dar la razón, se han encontrado con inadmisiones a trámite», advierten desde Adicae. Es el caso, por ejemplo, de Mª Teresa Hernández, madrileña que invirtió, junto a su marido, más de 17.000 euros en preferentes de Bankia. Invirtieron sus ahorros —una indemnización por despido— en este producto pensando que se trataba de un depósito a plazo fijo, y se han visto atrapados como otras más de 200.000 personas. «Confiamos en el banco de toda la vida y mira ahora. Nos han tomado el pelo dos veces; primero el banco y ahora el arbitraje», lamenta Mª Teresa. Y es que la respuesta que han obtenido por parte de KPMG —la consultora encargada de resolver si procede someter cada caso al arbitraje— es parca y concluyente (ver archivo adjunto): «No se aprecian indicios suficientes justificativos de la pretensión del solicitante» para que les devuelvan la inversión inicial. Esta resolución ha empujado al matrimonio a acudir a la vía judicial. «Los resultados negativos constituyen una tendencia creciente, sobre todo en los últimos tiempos y en relación mayoritariamente a Bankia, quizá porque como inicialmente pensábamos hay un dinero destinado de antemano a este arbitraje y ya se va gastando», constatan desde Adicae, que también se quejan de la lentitud de los procesos y la «falta de objetividad de las consultoras designadas para hacer la criba», entre otros problemas.
20minutos.es 3-2-2014