Los juzgados de Primera Instancia de Valencia han registrado 197 demandas por preferentes entre los meses de febrero y mayo, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Según los datos facilitados por el TSJCV, el 73,1% de las demandas entre febrero y mayo se presentaron contra Bankia; el 15,23% contra Bancaja; el 1,52% contra la CAM; bajo el epígrafe cajas de ahorros se presentó un 5,58%; contra Novagalia se interpusieron el 0,51% y contra el Santander el 4,06%.
En el partido judicial de Valencia, se han contabilizado, además, 370 apoderamientos para poder presentar demandas por las pérdidas ocasionadas por el producto bancario de las preferentes. Estos apoderamientos, acreditación de representación a un procurador, pueden convertirse en demandas en cualquier partido judicial. De esos apoderamientos, casi el 90% ha sido presentado por la asociación Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), el 9% por Aliter Abogados y el 1,89% por particulares.
Los jueces de la jurisdicción civil han mostrado su preocupación ante el constante incremento de presentación de este tipo de demandas, y de algunas otras relacionadas igualmente con complejos productos bancarios que han provocado importantes pérdidas de capital a quienes los suscribieron, según el TSJCV.
Por ello han iniciado, junto al decano de los juzgados de Valencia, Pedro Viguer, una serie de iniciativas de análisis de la mejor forma de organizar esta entrada específica de asuntos para dar una «respuesta más eficaz a los afectados».
El martes de la próxima semana se celebrará una junta específica para abordar la posibilidad de abrir una categoría de clasificación de los asuntos de este tipo (preferentes, swaps) que se registran para poder dimensionar su impacto de manera inmediata.
Además, se estudiarán formas de reparto para garantizar una gestión más eficaz de la progresión de los procedimientos.
Pedro Viguer ha expresado su preocupación por el incremento detectado en cuatro meses de este tipo de asuntos, y ha trasladado a los magistrados de civil y la sala de Gobierno que «se arbitrarán los mecanismos adecuados para poder gestionarlos con la mayor eficacia».
elpais.com 1-6-2013
