Entre la lista de daños causados por el naufragio de la Caja Mediterráneo, (CAM), las cuotas participativas (un producto similar a las acciones) no son lo más cuantioso. La entidad ha necesitado 5.246 millones para recuperar su capital y ser vendida por un euro al Banco Sabadell. La factura final puede superar los 10.000 millones. Pero lo que ha sucedido con las cuotas participativas es candidato al libro de los horrores.
Comenzaron a cotizar un 22 de julio de 2008. Lehman Brothers, dirigido entonces en España por el hoy ministro de Economía, Luis de Guindos, fue el banco colocador de la operación. La entidad americana quebró dos meses después. Un 65,5% de las cuotas se colocaron entre minoritarios, que tenían que realizar una inversión mínima de 3.000 euros; otro 31% de los títulos entre inversores cualificados y el resto entre empleados. La emisión total ascendió a 292 millones que se han podido volatilizar para desgracia de los ahorradores. Las cuotas salieron a 5,75 euros y se suspendieron cuando cotizaban a 1,34 euros. No tienen ningún valor económico real porque el patrimonio de la caja se redujo a cero para hacer frente a las deudas, como aseguró el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) antes de inyectar nuevo capital.
En la sesión de Bolsa del 22 de julio de 2011, hace 30 meses, llegó la noche más oscura para unos 50.000 titulares de estas cuotas participativas de CAM. Aquel día, el Banco de España intervino la caja y las cuotas quedaron suspendidas. Hasta hoy. Ante esta escandalosa situación, la CNMV ha requerido a la gestora de la Fundación CAM que presente un plan para dar valor a las cuotas y que vuelvan a cotizar o que queden definitivamente excluidas si su valor es cero. Además, el supervisor bursátil también ha realizado un exhorto, que es el paso previo a la apertura de expediente, porque la Fundación CAM no ha entregado información oficial desde 2011.
La presión de la CNMV ha llegado directamente a la Generalidad valenciana, que es responsable de echar a andar la Fundación CAM. Según fuentes del Gobierno valenciano, “en el plazo de un mes, o dos como máximo, se constituirá la Fundación y se dará una salida definitiva a las cuotas”.
El hecho cierto es que estos días, el 25 de febrero, se cumple un año desde que se constituyó la gestora de la Fundación CAM que debía haber dado paso a la formación de un patronato. Pero no ha sido así. Todo este proceso acumula retrasos más que sospechosos porque entre la quiebra de la CAM y la constitución de la gestora pasaron 18 interminables meses. ¿Por qué? Sencillamente porque las autoridades, todas del PP de Valencia, no quieren asumir el coste político de enfrentarse a la opinión pública y reconocer que las cuotas no valen nada.
Desde el principio, el Sabadell afirmó que no se haría cargo de las inversiones fallidas en cuotas “porque es una inversión que no ha pasado al Banco CAM, sino que está en la caja y eso no es lo que se ha adquirido. Una cuota participativa es un producto que, por ley, solo puede ser de una caja, no de un banco”. El Sabadell sí ha podido mitigar las pérdidas de los que tuvieron preferentes o deuda subordinada, pero de estos productos no quieren saber nada.
El 9 de julio de 2012, la asamblea general de la extinta Caja del Mediterráneo rechazó la propuesta del FROB para amortizar las cuotas participativas a cero euros. Tras el revés sufrido, el FROB congeló la conversión de la Obra Social de la entidad en una fundación especial y, en contrapartida, abrió el proceso para la disolución y liquidación de la caja. Los representantes del FROB señalaron a los asambleístas que el resultado de esa votación no era vinculante y que, por tanto, “el valor de las cuotas participativas es cero”. Por el resultado de la votación, se entienda que el PSOE se unió al PP para rechazar la propuesta del FROB.
Sin embargo, así no ha acabado el problema. Como admiten fuentes del PP, existe una fuerte presión de algunas instituciones y sobre todo de los afectados, para que se ofrezca un valor residual a las cuotas y que se pague con cargo al patrimonio de la Fundación CAM. Fuentes de esta institución se negaron a realizar comentarios sobre esta cuestión. Algunos miembros de la gestora consideran que no se debería pagar con el patrimonio de la CAM “porque la única función que tiene el dinero que queda es hacer frente a la obra social. El patrimonio será menguante con el paso del tiempo y si una parte se va en cuotas, el sostenimiento de las actividades será difícil”.
Carlos Pena, portavoz de la Plataforma Accionistas CAM, ha declarado que la Generalitat es responsable en el desaguisado porque estaba en el consejo de la CAM y seguirá estando en el de la Fundación. En su opinión, “la puesta a cero de las cuotas participativas perjudicaría a miles de personas de avanzada edad” que fueron presuntamente estafadas. “Alrededor del 70% de los 55.000 ahorradores con cuotas son personas muy mayores, muchas de las cuales no tiene ahora, en plena crisis económica, ningún ahorro al haber pedido su dinero”.
Además, la mayoría de ellas realizaron inversiones por valor de entre 3.000 y 6.000 euros, añade. La Plataforma pide que se devuelva al precio al que compraron. Sin embargo, el gráfico de la cotización refleja que algunos accionistas compraron o no vendieron sus títulos pese a que se publicaron noticias en las que se auguraba un triste final para la CAM. Incluso cuando abandonó la fusión con Cajastur, que fue el verdadero principio del fin para la entidad y para los directivos (el fiscal ha pedido cárcel para dos de ellos), hubo compradores y no se hundió en Bolsa.
Como no han entregado cuentas, se desconoce el patrimonio de la Fundación CAM. Algunas estimaciones consideran que está en unos 130 millones, de los que unos 75 millones son depósitos y cuentas y, el resto, inmuebles. Todo lo que rodea a la CAM es “lo peor de lo peor”, ya lo dijo el exgobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez. Y las cuotas no han sido una excepción. Quizá son un buen símbolo del horror y la capacidad de destrucción de las cajas.
elpais.com 02-03-2014
