Fallecen diariamente 90 personas dependientes sin recibir servicios

En España el gasto público debería llegar al 50% para las personas en estado de dependencia con derecho reconocido, pero el Estado solo aporta el 17% del gasto directo.

El Observatorio de la Dependencia ha emitido un informe donde revela, que en los últimos cinco años han muerto 90 personas dependientes al día sin recibir servicios ni prestaciones, contando con derechos reconocidos aproximadamente son 150.000 dependientes.

«Las cifras representan a las personas que no llegaron a beneficiarse por los recortes, debido a una Ley afectada por la situación económica».

Por su parte, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha informado que 348.309 personas junto a sus familias, no encuentran soluciones, aun teniendo plenos derechos. Esto se debe a que el 29% de dependientes, no recibe servicios de ningún tipo ni prestaciones.

En nuestro país, según los datos registrados a día 31 de diciembre de 2016, se encontraban en esta situación un total de 1.213.873 personas reconocidas, mientras permanecen pendientes de las valoraciones para otorgar el servicio o prestaciones 103.238 dependientes.

La Ley de Dependencia en España

Actualmente en todo el territorio existen solamente nueve Autonomías que aprueban y otras ocho suspenden, siendo la de mejor puntuación Castilla y León con 8,93 y siguen en este orden las otras restantes; La Rioja con 7,86, continúan Andalucía y Castilla-La Mancha hasta 6,79.

Figuran en la lista siguiendo a las mencionadas las Comunidades de Madrid, Murcia y Galicia con 6,07 puntos, por debajo del País Vasco que llega a 5,36 y Extremadura a 5 puntos. Suspenden en esta valoración Asturias con 4,64, Ceuta y Melilla 4,29, Cataluña solo llega a 3,93, sigue Balares y Cantabria con 3,57, Valencia hasta 3,21, bajan más Navarra con 2,86, Aragón a 2,5 y Canarias la mínima puntuación con 1,79 puntos.

Desde mediados del año 2012 el Estado ha acumulado recortes en dependencia, debido a un Real Decreto del Gobierno, estableciendo para la Administración General del Estado un total de 3.773 millones de euros. Así, la disminución para las Comunidades ha sido de 2.236 millones, desde ese año hasta diciembre de 2016, razón de la queja de estas Administraciones sobre la forma de reparto del actual sistema de dependencia.

Este asunto expuesto en la Conferencia de Presidentes convocada en el mes de enero de 2017, ha sido expuesto por las regiones de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Aragón, quienes reprocharon al Ejecutivo que las partidas solamente cubrían entre el 15% y 20% del total que se requiere.

Los argumentos de estos reclamos se basan en que el Gobierno Nacional, soportó únicamente el 17% del total del gasto público en 2016 para este sector, mientras el restante 83% lo asumieron las Comunidades Autónomas.

Ante ello, Ramírez ha indicado que dotar al sistema con “necesaria suficiencia financiera”, resulta absolutamente “imprescindible”, además que los empleos potenciales son otra derivada que desde el dictamen del Observatorio de la Dependencia advierten con una estimación, calculada en crear puestos de trabajo para 78.000 personas.

Analizando los promedios en España para el gasto público anual en 2016 por cada dependiente correspondían 6.833 euros, mientras en el año 2011 fue de 7.437 euros, antes de producirse el cambio de Gobierno de Zapatero a Rajoy. Otro dato a considerar es el gasto medio anual de los dependientes potenciales que fue de 555 euros, variando las partidas considerablemente según la Comunidad.

Por su parte, estas grandísimas desigualdades entre territorios han sido motivo de advertencia del Observatorio, procurando generar conciencia de la gravedad de una situación que afecta a miles de personas dependientes.

Todos los partidos el 14 de diciembre han pactado la revisión de los recortes al coincidir con el aniversario de la Ley de Dependencia, que en su momento impulso el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, excepto el PNV y PP. Además, se han comprometido a dar una solución efectiva a las interminables listas de espera, comprometiéndose a ello en un total de dos años.