El coste de las indemnizaciones que establezcan los jueces a los accionistas afectados por Bankia, será asumido por el Gobierno en un 62% del total. La entidad se hará cargo del 38% restante, según se ha informado.
Los inversores engañados en la compra de acciones de Bankia, podrán recuperar la inversión en sentencias favorables por demandas interpuestas en sede civil. La cifra de las ayudas a Bankia que otorgará el Estado, ascenderá hasta los 600 millones de euros. Los restantes 400 millones estarán a cargo de la entidad financiera, también propiedad del Frob (Fondo Estatal de Reestructuración Ordenada Bancaria) en un 100%, por lo cual serían aportes indirectos del Estado.
Corresponden estos aportes al Banco Financiero de Ahorros (BFA), para solventar las sentencias negativas contra Bankia, pero no incluyen las condenas de la vía penal por estafa. En caso de sentencia favorable para UPyD, el coste sería de 4.000 millones en devoluciones a los accionistas de Bankia, sin excepción. La entidad afirma, que no será necesario este aporte adicional, porque la ayuda de 22.000 millones concedida en 2012, es suficiente para afrontar las sentencias civiles.
La distribución de cargas entre Bankia y el BFA, se centran en el porcentaje que tiene el Estado en la entidad. Los ministros de hacienda y economía llegaron a este acuerdo distributivo, porque no aceptan que el BFA asuma todo el coste de las demandas, asegurando y explicando que aún no existe ninguna cuantía prevista al respecto.
Es preciso ante esta noticia, considerar que estas indemnizaciones, incluyen a las acciones compradas por inversores extranjeros en 2013 durante la privatización, sin las previsiones de este tipo de cargas pasadas. El presidente de Bankia argumenta que una mayor carga, dificultará a la entidad recuperarse de estas ayudas y que complicarían una posible privatización.
La recuperación de las acciones y el brusco movimiento de los resultados del mercado, han producido cierto malestar en el Gobierno y se ha sabido que la auditora Ernst & Young, estaría pensando en presentar la salvedad de las cuentas, argumentando que fue una etapa previa a la nacionalización.
La intención de Bankia no es desafiar al Estado, sino asegurar las cuentas para evitar posteriores reformulaciones y sorpresas. El Frob por su parte, discrepa sobre la prisa con la que se aventuran estas provisiones y trabajan para llegar a una decisión final, que no conlleve a posteriores problemas con el Tribunal de Cuentas.
