La entidad ha llevado a cabo esta gestión ya que el pasado 21 de enero, el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas suelo de estos clientes.
Hay que destacar que el Banco Popular sólo ha eliminado las cláusulas suelo de los préstamos concedidos a particulares para adquirir una vivienda. Los préstamos sobre inmuebles para financiar la compra de otros bienes no se verían afectados, así como los préstamos a personas jurídicas.
El Tribunal Supremo desestimó los recursos interpuestos por esta entidad el pasado 21 de enero, y concedió la razón a la Audiencia Provincial de Madrid al considerar “abusivas” las condiciones de los contratos hipotecarios que ofrecía este banco.
Otro de los motivos que se manifestaron para proceder a la nulidad de estas clausulas fue “no reunir las exigencias las exigencias de transparencias aplicables”.
Por otro lado, el Banco Popular defendió que “la clausula controvertida es comprensible por si misma” y que las denuncias realizadas por la OCU “son referentes a BBVA”.
Esta medida puede hacer que el Banco Popular deje de ingresar 90 millones de euros como calculó en primera instancia el consejero delegado del Popular, Francisco Gómez.
Por ahora, los clientes no están recuperando las cantidades pagadas de más desde mayo de 2013 más los intereses correspondientes, fecha que establece el Alto Tribunal para cobrar dichos gastos. Habrá que esperar a que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE sobre la posibilidad de recuperar el dinero con anterioridad a esa fecha, algo que exigieron en su día los abogados de la Comisión Europea.
Asimismo, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el polaco Maciej Szpunar, se muestra partidario en un dictamen preliminar de estimar y juzgar por separado las reclamaciones derivadas de estas condiciones abusivas: por un lado, las colectivas y otro, las particulares.
A la espera de conocer el veredicto europeo, los expertos del mundo jurídico alertan a los clientes de que algunos bancos están aprovechando las dificultades financieras de los particulares para retirar las cláusulas suelo con acuerdos que favorecen a las entidades y no a los afectados.
