El Gobierno es consciente de la patata caliente que tiene entre manos. Se calcula que existen 400.000 clientes con participaciones preferentes y deuda subordinada en las nacionalizadas, complejos productos que fueron vendidos de manera fraudulenta, en buena parte de los casos. Solo Bankia tiene 300.000 clientes afectados (con 4.900 millones invertidos), mientras que Novagalicia Banco cuenta con 62.000 (1.600 millones) y CatalunyaBanc unos 40.000, que destinaron 1.608 millones de euros. En total, 8.108 millones en el aire, aunque el Gobierno cree que la banca nacionalizada puede hacer frente a estos pagos sin más ayuda pública.
Para evitar el coste político, el colapso judicial, así como la explosión social que se podría unir a los desahuciados, el Gobierno ha establecido un atractivo sistema de arbitraje, al que espera una multitudinaria adhesión. “Es una vía ágil, rápida, gratuita, voluntaria y con totales garantías de obtener una respuesta ante supuestos de mala comercialización”, dicen en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El fondo calcula que la mitad de los clientes con preferentes y deuda subordinada de las entidades nacionalizadas tienen menos de 10.000 euros, por lo que tendrán arbitraje prioritario. También serán clientes especiales los de mayor edad, menor renta, más cargas familiares o menos liquidez en sus cuentas. Sin embargo, todos los clientes, al margen de su inversión, tendrán derecho a pedir gratuitamente un arbitraje.
Para Novagalicia Banco y CatalunyaBanc este proceso puede obligar a revisar los arbitrajes ya realizados. La entidad catalana ha estudiado 9.000 casos y en 1.245 el arbitraje ha favorecido al cliente. En Galicia se han anulado 15.000 contratos por valor de 300 millones. Todos los clientes rechazados podrán pedir ahora que se revisen sus casos.
Los que soliciten el arbitraje, recibirán un informe del experto, en el caso de Bankia es KPMG, que les dirá si se les aconseja personarse ante la Dirección General de Consumo y la cantidad a recibir. Posteriormente será Consumo quien tome la decisión final. Fuentes del FROB comentaron que “el riesgo de que Consumo lleve la contraria al informe del experto es bajo. Hasta ahora, casi todos los casos en donde un experto ha acordado el arbitraje, Consumo ha estado de acuerdo. El proceso de arbitraje está pensado para evitar los laudos desestimatorios”, añaden.
Una vez que se firme el laudo arbitral, el cliente rechaza acudir a la vía judicial. No obstante, si no está de acuerdo con lo que dictamine Consumo, puede intentar anular el laudo por los caminos habituales. El Gobierno espera responder a todos los casos en seis meses. “Se ha intentado realizar una tramitación ultraurgente porque hay casos graves”, apuntan en el FROB.
Para añadir más tensión al caso, la CNMV ha realizado un informe sobre cómo comercializaron Caja Madrid, Bancaja y Bankia las preferentes, en el que afirma que se vendieron a precios incorrectos. El FROB afirmó que los afectados por esta situación se podrán acoger al arbitraje y la Comisión de Seguimiento de las preferentes emitirá un informe sobre este tema dentro de un mes. Juan Ignacio Moreno, abogado del 15M, movimiento que indujo a la petición judicial del informe de la CNMV, aconseja acudir al arbitraje a los que estén en esos supuestos, (al igual que la organización OCU). Para el resto, “que pongan una demanda cuanto antes, aunque es fácil que un juez anule las emisiones de preferentes con el informe de la CNMV en la mano”, vaticina.
Según las normas, todos los clientes de una misma emisión recibirán igual compensación económica, que se calculará sobre lo invertido menos el rendimiento obtenido. Si el interés pagado (cercano al 6%) es superior al de un depósito (alrededor del 2%) se le descontará un 4% a los intereses percibidos. Así, se intenta que lo colocado en preferentes sea similar a un depósito, según han detallado estas fuentes.
No obstante, durante el proceso de arbitraje la inversión en preferentes se convertirá en acciones de Bankia, Novagalicia o CatalunyaBanc con la correspondiente quita, que puede llegar al 70%. Una vez se sepa el importe de la indemnización, se valorarán las acciones a precio de mercado y se entregará la diferencia en metálico.
Las condiciones del arbitraje son una forma de objetivar la situación e intentar evitar el debate verbal sobre si fueron o no bien aconsejados para invertir en estos complejos productos. Algunas causas para acogerse al arbitraje son verdaderos fraudes, cercanos a la apropiación indebida: que las preferentes hayan sido vendidas a menores sin tutor, a incapacitados, sin firmar los documentos, sin dar información o con datos falsos, etcétera, que forman uno de los mayores escándalos de la crisis financiera.
elpais.es 19-04-2013
