Hace un tiempo que quería escribir un artículo para mostrar la disconformidad de varios despachos de abogados, entre ellos Gallardo y Valderas Abogados con la que tan de moda está ahora, la de supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Y no en el sentido de querer que se castigue a los herederos por suceder a un familiar fallecido, ya que en ese punto vamos a estar todos, sino contra la manipulación tan partidista que se está llevando a cabo en los medios de comunicación por parte de algunos partidos políticos. Lejos de pretender con este un artículo mostrar una inclinación política, cosa que no pretendo, me voy a limitar a exponer lo que actualmente existe y lo que, según el sentido común, se va a imponer no muy tarde.
Partimos de la premisa de que en la actualidad existe la obligación de liquidar por parte de los herederos el ISD cuando fallece el que los designa para suceder en la titularidad de sus bienes. Pues bien, según sea el parentesco de ese designado (heredero) tendrá un tratamiento u otro a nivel fiscal. Si se trata de hijos, y tienen que liquidar en Andalucía (Comunidad Autónoma que encabeza la iniciativa para suprimirlo), estos no pagarán a la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma si no heredan más de 175.000 euros.
En este punto, nos preguntamos, ¿es justo el que si un heredero paga en Andalucía, no pagara en Madrid? Rotundamente NO. Y ahí es donde queremos llegar, a la conclusión de que no vale la campaña que se está llevando a cabo con la premisa de que «los ahorros que tanto les ha costado juntar a nuestros padres se lo lleva Hacienda», ya que eso es mentira. Es mentira que en Andalucía sea donde más ISD se recauda (está por detrás de Madrid: ejemplo puesto por todos), como también es mentira que sea la Comunidad Autónoma donde más renuncias hay por su alta fiscalidad (Asturias y La Rioja las que más), y la traca final es la mentira referente a que los andaluces huyen a otras comunidades por no pagarlo (según datos de la Consejería de Hacienda).
Lo realmente importante es que se regulara un sistema, estatal o transferido a las comunidades autónomas, unitario y que no generara injusticias por razón del territorio. Ya nos ha corregido Europa por la diferencia de trato de dos hermanos, uno que heredaba viviendo en Málaga y otro en Suiza. El no residente era castigado por nuestra normativa hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vino a poner sentido común e igualarlo en trato.
Esa y no otra ha de ser la misión de nuestros legisladores, y la del gobierno como encargado de hacer que se ejecuten dichas leyes, igualar la fiscalidad de todos los españoles cuando heredan, sin discriminación alguna por razón del territorio. Y no distraernos con fórmulas populistas, ocultando otras medidas que ya podrían ser puestas en funcionamiento para hacer más justa la fiscalidad, como por ejemplo ajustar los valores catastrales, regular el Impuesto de Revalorización de Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) para no ser desproporcionado, y un largo etc., todas ellas medidas imprescindibles.
En definitiva, el ISD, como está configurado actualmente, es injusto. Y para hacerlo justo deben operarse una serie de reformas que hagan que no se cometa discriminación, estableciendo bonificaciones y reducciones iguales para todos los ciudadanos del país y no procurar que se le cobre a un hijo que hereda de sus padres, trabajadores afanados en dejarle un alivio a su descendencia, en clara contraposición con gente que dejan auténticas fortunas a sus hijos y aprovechando su estatus social y cultural evaden por diferentes fórmulas el pago de un impuesto, véanse ejemplos muy recientes en la mente de todos.
Antonio Valderas Casado. 19 abril 2016.
Abogados de herencias Gallardo y Valderas
